Alcaldes al trullo
El alcalde de Andratx saliendo esposado del ayuntamiento. Un alto cargo del urbanismo balear en prisión. Algún arquitecto municipal que sigue sus pasos. Todas las corporaciones municipales de Marbella de las últimas décadas han pasado por prisión. Unos alcaldes de Ciempozuelos que probablemente nunca se habrían alejado cien kilómetros de su pueblo de no haber entrado en política viajan a Andorra acarreando dinero negro, y sigue sin aparecer el grueso de lo sustraído.
Esos son los telediarios de las últimas semanas. Y lo triste del caso es que uno no se escandaliza ni se lleva las manos a la cabeza, sino que rutinariamente piensa, entre bocado y bocado, “mira, otro más”. En el caso de Andratx, como en otros, del PP. En otras muchas ocasiones, del PSOE, o de CiU, y por supuesto de partidos filibusteros como los que surgieron en Marbella, meca de la corrupción y espejo del enriquecimiento irregular y fabuloso al amparo de unas leyes que dejan en manos de la administración municipal la gallina de los huevos de oro: la decisión sobre el uso del suelo.
La propiedad privada es un derecho que está supeditado a su uso social, nos dice la legislación. Una vez más, el concepto “social” sirve para enmascarar ese ente abstracto que no responde frente a nadie y que permite ocultar la arbitrariedad de las decisiones bajo la manta del interés público.
Por supuesto que la honradez debería ser requisito exigible a todos los servidores públicos. Bueno, y a todos los ciudadanos. Pero dado que parece realmente difícil de conseguir, quizá habría que comenzar por quitarles de las manos la muy tentadora máquina de fabricar dinero: la recalificación. Es evidente que la madre de todas las corrupciones municipales está en la facultad de decidir qué uso, y por tanto qué valor, tiene un determinado terreno de propiedad privada. Y es evidente que el mal uso de esa facultad es lo que genera cataratas de corrupción. Si es que no hay más que pasearse por lugares tan emblemáticos como ese mismo Andratx para darse cuenta de que la edificación desbocada, aparte de destruir paisajes admirables, tiene por fuerza que derivar en corrupción en la medida en que la decisión sobre cada ladrillo colocado recaiga en el político de turno, y además en el más accesible y próximo, y por tanto más corruptible.
En cualquier caso, vana ilusión: parece evidente que a los partidos les resulta mucho más rentable asumir el desgaste de ese goteo de corruptos y capearlo con expulsiones y expedientes fulminantes, que modificar legislaciones que posibilitan esa corrupción. ¿Será que tanto dinero irregular no va solo a los bolsillos del alcalde venal de turno, sino que constituye de alguna forma la financiación primordial de unos partidos con estructuras elefantiásicas? Pues quizá habría que comenzar por ahí, pero me temo que con la política hemos topado, amigo Sancho...
Germont
Esos son los telediarios de las últimas semanas. Y lo triste del caso es que uno no se escandaliza ni se lleva las manos a la cabeza, sino que rutinariamente piensa, entre bocado y bocado, “mira, otro más”. En el caso de Andratx, como en otros, del PP. En otras muchas ocasiones, del PSOE, o de CiU, y por supuesto de partidos filibusteros como los que surgieron en Marbella, meca de la corrupción y espejo del enriquecimiento irregular y fabuloso al amparo de unas leyes que dejan en manos de la administración municipal la gallina de los huevos de oro: la decisión sobre el uso del suelo.
La propiedad privada es un derecho que está supeditado a su uso social, nos dice la legislación. Una vez más, el concepto “social” sirve para enmascarar ese ente abstracto que no responde frente a nadie y que permite ocultar la arbitrariedad de las decisiones bajo la manta del interés público.
Por supuesto que la honradez debería ser requisito exigible a todos los servidores públicos. Bueno, y a todos los ciudadanos. Pero dado que parece realmente difícil de conseguir, quizá habría que comenzar por quitarles de las manos la muy tentadora máquina de fabricar dinero: la recalificación. Es evidente que la madre de todas las corrupciones municipales está en la facultad de decidir qué uso, y por tanto qué valor, tiene un determinado terreno de propiedad privada. Y es evidente que el mal uso de esa facultad es lo que genera cataratas de corrupción. Si es que no hay más que pasearse por lugares tan emblemáticos como ese mismo Andratx para darse cuenta de que la edificación desbocada, aparte de destruir paisajes admirables, tiene por fuerza que derivar en corrupción en la medida en que la decisión sobre cada ladrillo colocado recaiga en el político de turno, y además en el más accesible y próximo, y por tanto más corruptible.
En cualquier caso, vana ilusión: parece evidente que a los partidos les resulta mucho más rentable asumir el desgaste de ese goteo de corruptos y capearlo con expulsiones y expedientes fulminantes, que modificar legislaciones que posibilitan esa corrupción. ¿Será que tanto dinero irregular no va solo a los bolsillos del alcalde venal de turno, sino que constituye de alguna forma la financiación primordial de unos partidos con estructuras elefantiásicas? Pues quizá habría que comenzar por ahí, pero me temo que con la política hemos topado, amigo Sancho...
Germont
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