Manifiesto censurado en La Vanguardia
Manifiesto por la unidad de España:
Por la igualdad y la solidaridad de todos los españoles
Por la igualdad y la solidaridad de todos los españoles
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Constitución española, Artículo 1.
Desde la Transición democrática los nacionalismos vasco y catalán han constituido la vanguardia de una ofensiva continuada y sistemática contra la unidad constitucional de España. Esos nacionalismos, lejos de aceptar la autonomía regional que en su día reclamaron, se han servido deslealmente del régimen autonómico diseñado en la Constitución de 1978 para romper el consenso y trabajar en la destrucción de España como ámbito político común de actuación, legalidad, historia y convivencia.
Desde finales de la década de los noventa esa ofensiva se ha radicalizado. El nacionalismo identitario en su conjunto, con ETA como punta del iceberg, viene coordinando sus estrategias para debilitar el Estado, romper las normas constitucionales y disolver la Nación española, tratando de imponer a sus ciudadanos un proyecto de raíz etnocultural y esencialista que sería la antepuerta de un nuevo totalitarismo. Así lo prueban el Pacto de Estella – Lizarra, el Pacto de Perpiñán o la antidemocrática Declaración de Barcelona. El Plan Ibarretxe y el acuerdo del Parlamento de Cataluña para impulsar un estatuto inconstitucional han sido sólo los primeros hitos de este proceso que tiene un calado que no nos podemos arriesgar a ignorar.
Por estos motivos, los firmantes de este manifiesto, como parte del movimiento cívico opuesto al nacionalismo identitario, queremos hacer llegar a todos los ciudadanos y a la clase política que:
1. Somos muchos los ciudadanos que creemos en España y que, en este momento histórico, nos vemos impelidos a reclamar una vez más el cumplimiento de la Constitución y la unidad de la nación española como garante de la igualdad y la solidaridad de todos los españoles.
2. Sentimos como una inadmisible y delirante tergiversación que se identifique como reaccionaria la unidad de los españoles o la propia idea de España y se considere progresista la Cataluña o la Euskal Herria insolidarias e independientes con las que sueñan los nacionalistas.
La realidad es precisamente la contraria: la esencia del pensamiento reaccionario desde el Siglo XIX son esos sueños totalitarios que anteponen la supuesta patria a las personas y a sus libertades individuales; esos sueños que reclaman la limpieza etnocultural, el privilegio, la desigualdad ante la Ley; esos sueños que se fundamentan en un concepto de la Historia como fuente mítica e inapelable del derecho (los falseados y denominados "derechos históricos") oponiéndose así a los fundamentos democráticos de la sociedad moderna y de nuestro sistema constitucional.
3. La racional descentralización del Estado y el reconocimiento de las peculiaridades de todas sus comunidades autónomas –signo inequívoco de la voluntad integradora de todas las identidades en nuestra Constitución de 1978- no pueden ser confundidos con la glorificación del egoísmo, la insolidaridad y la mezquindad como valores legítimos sobre los que se pueda construir una sociedad democrática.
4. Creemos que existe un riesgo cierto de acostumbrarnos a debatir, como si fuera algo normal, proyectos que van contra la noción de España y en contra de la igualdad de todos los ciudadanos, que ponen en entredicho los pilares de nuestro sistema de libertades y que dinamitan el consenso constitucional básico. Por esto no aceptamos que el debate sobre la reforma del Estatuto catalán o cualesquiera otras propuestas semejantes se convierta en un tema exclusivo de juristas, en el que se oculte o minusvalore su gravedad intrínseca en cuanto al impacto que sobre la estructura política de España y la vida de los españoles tienen estos proyectos.
5. Consideramos que la reforma, en todo caso, razonable de los Estatutos sería la que se orientarse a que el sistema autonómico trate equitativamente a unas regiones con otras, eliminando las asimetrías competenciales. Asimismo, los gobernantes deben plantearse la reforma del sistema electoral para corregir la sobrerrepresentación que actualmente logran los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados y, de esta manera, evitar su excesiva influencia en la gobernación de España. Nos oponemos a que los debates sobre la estructura del Estado se planteen sólo en una dirección. No resulta razonable que se pueda estar constantemente poniendo en entredicho la nación española y no se pueda cuestionar el nivel de autogobierno de las Comunidades Autónomas en orden a asegurar el bienestar y la seguridad del conjunto de los españoles.
6. Esperamos y deseamos que el Partido Socialista, como responsable máximo del gobierno de España, sepa poner fin a los proyectos y a las actitudes que amenazan con romper la unidad nacional y que ya han causado alarma, desconfianza y dolor a tantos que deseamos seguir siendo españoles. Pedimos al Gobierno, a las Cortes Generales y a las fuerzas políticas constitucionalistas que se opongan frontalmente a cualquier proyecto que pretenda debilitar España como ámbito de decisión común, de convivencia, de igualdad y de solidaridad.
7. Nuestro futuro dependerá de lo que hagamos en el presente. Es necesario comprender que el proyecto que el nacionalismo trata de llevar adelante es una agresión directa hacia la Constitución y hacia España como ámbito de solidaridad, igualdad de derechos y de acción común. El proyecto nacionalista es radicalmente hostil e incompatible con la idea de España que tenemos la inmensa mayoría de los españoles. Por todo esto hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que tome la iniciativa, no permanezca ajena a los acontecimientos y trabaje por defender, desde el respeto estricto a la legalidad, este proyecto común que es España.
Desde la Transición democrática los nacionalismos vasco y catalán han constituido la vanguardia de una ofensiva continuada y sistemática contra la unidad constitucional de España. Esos nacionalismos, lejos de aceptar la autonomía regional que en su día reclamaron, se han servido deslealmente del régimen autonómico diseñado en la Constitución de 1978 para romper el consenso y trabajar en la destrucción de España como ámbito político común de actuación, legalidad, historia y convivencia.
Desde finales de la década de los noventa esa ofensiva se ha radicalizado. El nacionalismo identitario en su conjunto, con ETA como punta del iceberg, viene coordinando sus estrategias para debilitar el Estado, romper las normas constitucionales y disolver la Nación española, tratando de imponer a sus ciudadanos un proyecto de raíz etnocultural y esencialista que sería la antepuerta de un nuevo totalitarismo. Así lo prueban el Pacto de Estella – Lizarra, el Pacto de Perpiñán o la antidemocrática Declaración de Barcelona. El Plan Ibarretxe y el acuerdo del Parlamento de Cataluña para impulsar un estatuto inconstitucional han sido sólo los primeros hitos de este proceso que tiene un calado que no nos podemos arriesgar a ignorar.
Por estos motivos, los firmantes de este manifiesto, como parte del movimiento cívico opuesto al nacionalismo identitario, queremos hacer llegar a todos los ciudadanos y a la clase política que:
1. Somos muchos los ciudadanos que creemos en España y que, en este momento histórico, nos vemos impelidos a reclamar una vez más el cumplimiento de la Constitución y la unidad de la nación española como garante de la igualdad y la solidaridad de todos los españoles.
2. Sentimos como una inadmisible y delirante tergiversación que se identifique como reaccionaria la unidad de los españoles o la propia idea de España y se considere progresista la Cataluña o la Euskal Herria insolidarias e independientes con las que sueñan los nacionalistas.
La realidad es precisamente la contraria: la esencia del pensamiento reaccionario desde el Siglo XIX son esos sueños totalitarios que anteponen la supuesta patria a las personas y a sus libertades individuales; esos sueños que reclaman la limpieza etnocultural, el privilegio, la desigualdad ante la Ley; esos sueños que se fundamentan en un concepto de la Historia como fuente mítica e inapelable del derecho (los falseados y denominados "derechos históricos") oponiéndose así a los fundamentos democráticos de la sociedad moderna y de nuestro sistema constitucional.
3. La racional descentralización del Estado y el reconocimiento de las peculiaridades de todas sus comunidades autónomas –signo inequívoco de la voluntad integradora de todas las identidades en nuestra Constitución de 1978- no pueden ser confundidos con la glorificación del egoísmo, la insolidaridad y la mezquindad como valores legítimos sobre los que se pueda construir una sociedad democrática.
4. Creemos que existe un riesgo cierto de acostumbrarnos a debatir, como si fuera algo normal, proyectos que van contra la noción de España y en contra de la igualdad de todos los ciudadanos, que ponen en entredicho los pilares de nuestro sistema de libertades y que dinamitan el consenso constitucional básico. Por esto no aceptamos que el debate sobre la reforma del Estatuto catalán o cualesquiera otras propuestas semejantes se convierta en un tema exclusivo de juristas, en el que se oculte o minusvalore su gravedad intrínseca en cuanto al impacto que sobre la estructura política de España y la vida de los españoles tienen estos proyectos.
5. Consideramos que la reforma, en todo caso, razonable de los Estatutos sería la que se orientarse a que el sistema autonómico trate equitativamente a unas regiones con otras, eliminando las asimetrías competenciales. Asimismo, los gobernantes deben plantearse la reforma del sistema electoral para corregir la sobrerrepresentación que actualmente logran los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados y, de esta manera, evitar su excesiva influencia en la gobernación de España. Nos oponemos a que los debates sobre la estructura del Estado se planteen sólo en una dirección. No resulta razonable que se pueda estar constantemente poniendo en entredicho la nación española y no se pueda cuestionar el nivel de autogobierno de las Comunidades Autónomas en orden a asegurar el bienestar y la seguridad del conjunto de los españoles.
6. Esperamos y deseamos que el Partido Socialista, como responsable máximo del gobierno de España, sepa poner fin a los proyectos y a las actitudes que amenazan con romper la unidad nacional y que ya han causado alarma, desconfianza y dolor a tantos que deseamos seguir siendo españoles. Pedimos al Gobierno, a las Cortes Generales y a las fuerzas políticas constitucionalistas que se opongan frontalmente a cualquier proyecto que pretenda debilitar España como ámbito de decisión común, de convivencia, de igualdad y de solidaridad.
7. Nuestro futuro dependerá de lo que hagamos en el presente. Es necesario comprender que el proyecto que el nacionalismo trata de llevar adelante es una agresión directa hacia la Constitución y hacia España como ámbito de solidaridad, igualdad de derechos y de acción común. El proyecto nacionalista es radicalmente hostil e incompatible con la idea de España que tenemos la inmensa mayoría de los españoles. Por todo esto hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que tome la iniciativa, no permanezca ajena a los acontecimientos y trabaje por defender, desde el respeto estricto a la legalidad, este proyecto común que es España.
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