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27 ago 2012

ABC

POR JUAN ANTONIO SAGARDOY FJAVIER CARBAJO JUAN ANTONIO SAGARDOY CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD Y VICEPRESIDENTE DEL FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL

YA NADA SERÁ IGUAL

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«Podemos y debemos salir del hoyo, mentalizándonos de que aunque no todo será igual, podemos vivir razonablemente bien aún con sacrificios y renuncias. Será distinto, pero podrá ser sostenible»

LA profunda crisis que nos azota desde hace unos años es como un tsunami que arrastra vivencias, posiciones y sentimientos, creando, a la vez, una revolución en nuestro modo de vivir. Preocupación y tristeza, quizá sean las dos principales consecuencias de la crisis. No creo exagerar si digo que en una proporción altísima el tema normal de conversación, a todos los niveles, es la crisis: «Hay que ver cómo está todo»; «Vamos a ver lo que dura»; «No hay mal que cien años dure»; «Lo importante es la salud»; «Tenemos la mitad de lo que teníamos». Y así hasta la saciedad. Y a continuación de los lamentos vienen las reflexiones y soluciones: «Aquí, lo que hay que hacer es bajar el gasto del Estado»; «Los políticos son los primeros que deben dar ejemplo»; «De tanto gasto inútil viene todo»; «Lo que no hay derecho es a que paguemos el pato los de siempre»; «El gobierno es el que tiene que solucionarlo»; «La sanidad, educación y las pensiones son intocables»; «Las Autonomías nos llevan a la ruina». Y así hasta el infinito. Todos se convierten en legisladores y en profetas. Y curiosamente nadie asume su parte alícuota en el desastre que padecemos. Siempre son los demás. No se habla en singular.

Pero en algo tienen, tenemos, todos razón. Esto ya no se parece en nada a lo que tuvimos y lo que tuvimos no volverá. Esperemos que no tenga razón Kondratiev, cuando nos dice que en la cercana historia (desde 1789) a veinticinco años de crecimiento le siguen veinticinco años de crisis. No lo sé, pero si parece claro que la crisis va para largo.
¿Y qué hacemos? Lo primero es asumir cada uno su propia responsabilidad y obrar en consecuencia. No saldremos del hoyo si echamos siempre la culpa «al otro» sean personas o instituciones. Seguro que todos tienen culpa y que todos deben emprender con firmeza e imaginación el cambio necesario. Pero cada uno de nosotros debe reflexionar en lo que respecta a su conducta. Conjugar —para nosotros y para nuestros hijos— los valores de austeridad, prudencia, coraje, generosidad, esfuerzo y solidaridad. Y ello tiene, evidentemente, un precio. En tal sentido conviene que reflexionemos sobre el Estado de bienestar que inunda nuestra existencia desde la lejana época de las leyes sociales de Bismarck y Beveridge. Esas leyes que fueron la simiente dieron un enorme fruto con los postulados de la social democracia, especialmente bajo el mandato, en Suecia, de Olof Palme. Como dijo Beveridge, el Estado para cumplir con la sociedad debía luchar contra «los cinco azotes de la Humanidad como son: la enfermedad, la ignorancia, la dependencia, la decadencia y la infravivienda». Pero Keynes convence a Beveridge de que para eso es necesario gastar y que ese gasto social lo debe asumir el Estado.
Casi siempre estas ideas son difícilmente rebatibles pero tienen un factor condicional clave; en concreto el crecimiento económico y el empleo. Cuando ambos factores se vienen abajo es muy difícil mantener aquello que está encima de ellos, y en concreto el gasto social ilimitado. Y es que el Estado de bienestar tal como se ha practicado entre los europeos ha producido, por su mala aplicación, una atrofia del esfuerzo individual, un ejercicio de picaresca, y una irresponsabilidad en la salud financiera del sistema. El interesante libro del profesor Mauricio Rojas «Reinventar el Estado de bienestar» relata con agudeza la profunda transformación que sufrió tal Estado en su cuna primigenia como fue Suecia. Cuando en la década de los setenta se pone en marcha esa gigantesca maquinaria del Bienestar social a cargo del Estado la economía pasó de ser de mercado a una economía planificada, de modo que cuando falló el crecimiento, el déficit público se disparó lo mismo que el desempleo. El Estado no era de Bienestar sino Benefactor. Todo estaba planificado, todo estatalizado. Y el gran mérito de los suecos —como dice Rojas— fue el poner en marcha, con un gran coraje y una transformación educativa del sentir de los ciudadanos, un estado posibilitador, «que no pretende imponer a los ciudadanos soluciones para sus necesidades vitales sino posibilitarles que las resuelvan de acuerdo a decisiones tomadas con amplia libertad». Y así desde 2006 el nuevo Gobierno sueco ha logrado, con gran decisión e inteligencia, que el sistema que estaba casi arruinado, resurja con fuerza dando lo mismo pero de otra manera. Dicho en síntesis, ha dado un gran espacio a la autonomía de voluntad de los ciudadanos desmantelando el monopolio público en los servicios. El Estado y los municipios dan unos «vales» que en materia de salud y educación se canjean por unos servicios que elige el ciudadano en función de su eficiencia, y no de que quien lo preste sea público o privado. Y así se eligen las escuelas u hospitales que les parecen mejores y quienes prestan los servicios reciben la financiación de la Administración con igualdad de trato sean públicos o privados. Lo que prima, en su competencia, es ser más eficientes con los mismos recursos. Es lo que los suecos han denominado «la revolución de la libertad de elección» que ha logrado hacer sostenible y eficaz el sistema.

Traigo esto a colación porque entre nosotros, no sé muy bien por qué, lo privado está demonizado. Hemos puesto en práctica un maniqueísmo de consecuencias nefastas. ¿Por qué lo privado es intrínsecamente malo? Se podría decir que porque genera beneficios a sus gestores. ¿Y eso es malo? Lo importante es la eficiencia y la responsabilidad social. Si el Estado paga a unos y otros los servicios básicos del vivir y los ciudadanos pueden elegir seguro que todo funciona mejor y con menor gasto. Muchos recortes se podrían evitar con la puesta en práctica de esta filosofía. O tra de las consecuencias de la depresión económica en la que estamos es la necesaria responsabilidad en los gastos de la Administración. No se trata tanto de recortar de modo inmisericorde los sueldos de los funcionarios sino en impulsar la eficiencia de las Administraciones públicas con el inevitable adelgazamiento de estructuras y disminución no tanto de funcionarios sino de personas, normalmente nombrados a dedo por simpatía política, que con el sombrero de asesores, consejeros, expertos, etcétera nos cuestan un ojo de la cara.
Es comprensible que sea duro quitar un sueldo a un amigo o simpatizante, pero si no se hace todo irá a peor. ¿Y qué decir de los gastos inútiles? Por poner un solo ejemplo el coste de los traductores en el Senado, al gallego, catalán, y vasco es un insulto al ciudadano que ve aumentar sus impuestos y reducir sus ingresos. Y no digamos del capítulo de subvenciones y de las duplicidades de organismos autonómicos y estatales. Ahí está la clave del ahorro.

Y es que otra de las buenas consecuencias de la crisis es la necesidad de ejemplaridad. Hoy la gente no pasa ni una. Y eso es positivo porque todo sufrimiento se alivia cuando se ve que se comparte. Podemos y debemos salir del hoyo, mentalizándonos de que, aunque no todo será igual, podemos vivir razonablemente bien aún con sacrificios y renuncias. Será distinto, pero podrá ser sostenible.