miércoles, abril 11, 2007

Caminamos hacia la censura de Internet a través del "cierre preventivo".

Un artículo de Aragón Liberal

La plataforma “Todos contra el canon” denuncia que el proyecto de reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información obligará a los prestadores de servicios a bloquear los contenidos que supuestamente violen los derechos de autor a peticion de cualquier entidad de gestión de derechos.


El Gobierno español promueve la censura en Internet
10. Abril 2007, 18:55 Noticiasdot.com

Los prestadores de servicios estarán obligados a bloquear o deshabilitar los contenidos presuntamente ilícitos a petición de la SGAE.


La plataforma “Todos contra el canon” denuncia que el proyecto de reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) obligará a los prestadores de servicios, tanto los ISP como las empresas que provean hosting, a bloquear aquellos contenidos que supuestamente violen los derechos de autor tras la recepción de una solicitud de cualquier entidad de gestión de derechos.

La plataforma considera que la inclusión de esta nueva norma supone “un ataque frontal contra la libertad de uso de Internet”.

Según explican en un comunicado, sí finalmente esta reforma es aprobada con estas modificaciones “convertiría a las Sociedades Gestoras en órganos judiciales capaces de censurar no sólo los contenidos de una determinada web sino también los ordenadores particulares de los usuarios. La plataforma considera que no es lícito que una entidad de carácter privado decida qué contenidos se pueden o no publicar, ya que esto supone una restricción y un veto a los todos los usuarios para acceder a páginas y sitios de Internet”.

Además esta modificación “otorga competencias restrictivas a la libertad de expresión e Información a una entidad privada” contrariaramente a lo que estipula la Constitución española que concede unicamente esta competencia a los tribunales de justicia como garantes de un Estado de derecho.

Finalmente, la plataforma añade que esta “modificación supone una vulneración de derechos fundamentales básicos y una quiebra de los más elementales principios de derecho”(…) en la que las asociaciones de usuarios ni el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI) han sido consultados al respecto”.

Fuente: Aragón Liberal

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