España no se merece un gobierno sin principios
Por Germont
No sé cuántos españoles leyeron la extensa entrevista que a lo largo de dos días publicó El Mundo con el presidente del Gobierno. Sin ánimo de parecer arrogante, pienso que son una mayoría los ciudadanos incapaces de leer con detenimiento las más de diez páginas que ocupaba. Y es una lástima, porque constituía un retrato crudo y realista de la personalidad del entrevistado. Algunos reprocharon al director del diario no haber sido más agresivo, pero la crítica no me parece justa: la simple reproducción de preguntas y respuestas daba al lector avezado una panorámica lo suficientemente amplia como para no adornarla con rifirrafes que hubieran permitido al entrevistado atribuirse la condición de víctima de una encerrona. Y sin duda el balance no puede resultar más devastador para la imagen del candidato socialista.
Si “España no se merece un gobierno que miente” fue el lema, capcioso pero eficaz, sobre el que Rubalcaba armó su campaña en los dos días previos a las últimas elecciones, el argumento de la oposición en la convocatoria de 2008 habría de ser sin duda que España no se merece un gobierno sin principios. Y la demostración de que una nueva victoria de Zapatero representaría precisamente eso, un gobierno sin principios, estaría en esa entrevista.
El presidente puede defender alternativamente, con dos párrafos de distancia, la aplicación indiscutida de la ley (caso de la imposibilidad de estudiar en español en Cataluña o las sanciones por no rotular en catalán), y su incumplimiento tolerado (caso de la presencia de los símbolos nacionales en ayuntamientos socialistas). Nótese que también en Cataluña gobiernan los socialistas, con lo que la traducción clara y sencilla de tan aparente contradicción es “yo sólo respeto la ley si me conviene”: las consecuencias serían idénticas, irritar a los socios nacionalistas, y la forma de evitarlas es cumplir o incumplir la ley a voluntad.
El gobierno puede considerar, con unos meses de diferencia, que el partido ANV merece ser ilegalizado o que luce un expediente democrático envidiable, porque en sus propios estatutos repudia formalmente la violencia. La única diferencia entre ambas percepciones es la proximidad de una fecha electoral con el consiguiente coste o rédito en votos.
Zapatero puede decir, sin asomo de arrepentimiento, que siguió hablándose con ETA tras el doble asesinato de la T4, cuando es pública y notoria su manifestación en sentido contrario en los días siguientes al atentado (aunque no olvidemos que utilizó la enigmática y ambigua expresión, muy comentada en su momento, de “suspensión” de todo contacto). Puede prometer ahora fervorosamente que no volverá a negociar con ETA, pero negarse simultáneamente a aceptar la propuesta del PP de revocar la autorización parlamentaria que se hizo aprobar para arropar su voluntad de hablar con los terroristas.
El PSOE puede presumir de talante con la mano derecha, mientras con la izquierda orquesta un “cordón sanitario” que aísle a la mitad de la población en contra de los más elementales principios democráticos, mientras busca apoyos para ello en cualquier formación, aunque sea manifiestamente contraria al sistema constitucional.
Hoy nos ha “sorprendido” con una nueva oferta electoral: “prometo que devolveré a cada trabajador y pensionista 400 euros, con efecto de junio de 2008, para decirles que ahorrar es muy bueno”. Es decir, que las normativas fiscales y las leyes del IRPF también son de aplicación relativa en función de la última encuesta que le pasen los cocineros de Ferraz. El presidente considera que el dinero de los impuestos es suyo, y ha cruzado una nueva barrera histórica: ya no promete bajadas de impuestos o subidas de prestaciones, sino devolver, por su santa voluntad, parte del dinero recaudado a los ciudadanos. “He ahorrado por vosotros”, viene a decir. Entre tanto, los que viven esperando las ayudas de la ley de dependencia que sigan esperando: los fondos públicos están al servicio de las urgencias electorales de Zapatero. Los ciudadanos que conserven algo de dignidad tienen una oportunidad única el 9 de marzo para decirle al presidente Zapatero que con su dinero no se juega, que la Hacienda Pública no es una casa de subastas ni un casino en que el gobernante pueda apostarlo todo al 9… de marzo.
Decididamente, España no se merece un gobierno sin principios. Más concretamente: no se merece cuatro años más de este gobierno sin principios. Démosle un final.
Germont
Si “España no se merece un gobierno que miente” fue el lema, capcioso pero eficaz, sobre el que Rubalcaba armó su campaña en los dos días previos a las últimas elecciones, el argumento de la oposición en la convocatoria de 2008 habría de ser sin duda que España no se merece un gobierno sin principios. Y la demostración de que una nueva victoria de Zapatero representaría precisamente eso, un gobierno sin principios, estaría en esa entrevista.
El presidente puede defender alternativamente, con dos párrafos de distancia, la aplicación indiscutida de la ley (caso de la imposibilidad de estudiar en español en Cataluña o las sanciones por no rotular en catalán), y su incumplimiento tolerado (caso de la presencia de los símbolos nacionales en ayuntamientos socialistas). Nótese que también en Cataluña gobiernan los socialistas, con lo que la traducción clara y sencilla de tan aparente contradicción es “yo sólo respeto la ley si me conviene”: las consecuencias serían idénticas, irritar a los socios nacionalistas, y la forma de evitarlas es cumplir o incumplir la ley a voluntad.
El gobierno puede considerar, con unos meses de diferencia, que el partido ANV merece ser ilegalizado o que luce un expediente democrático envidiable, porque en sus propios estatutos repudia formalmente la violencia. La única diferencia entre ambas percepciones es la proximidad de una fecha electoral con el consiguiente coste o rédito en votos.
Zapatero puede decir, sin asomo de arrepentimiento, que siguió hablándose con ETA tras el doble asesinato de la T4, cuando es pública y notoria su manifestación en sentido contrario en los días siguientes al atentado (aunque no olvidemos que utilizó la enigmática y ambigua expresión, muy comentada en su momento, de “suspensión” de todo contacto). Puede prometer ahora fervorosamente que no volverá a negociar con ETA, pero negarse simultáneamente a aceptar la propuesta del PP de revocar la autorización parlamentaria que se hizo aprobar para arropar su voluntad de hablar con los terroristas.
El PSOE puede presumir de talante con la mano derecha, mientras con la izquierda orquesta un “cordón sanitario” que aísle a la mitad de la población en contra de los más elementales principios democráticos, mientras busca apoyos para ello en cualquier formación, aunque sea manifiestamente contraria al sistema constitucional.
Hoy nos ha “sorprendido” con una nueva oferta electoral: “prometo que devolveré a cada trabajador y pensionista 400 euros, con efecto de junio de 2008, para decirles que ahorrar es muy bueno”. Es decir, que las normativas fiscales y las leyes del IRPF también son de aplicación relativa en función de la última encuesta que le pasen los cocineros de Ferraz. El presidente considera que el dinero de los impuestos es suyo, y ha cruzado una nueva barrera histórica: ya no promete bajadas de impuestos o subidas de prestaciones, sino devolver, por su santa voluntad, parte del dinero recaudado a los ciudadanos. “He ahorrado por vosotros”, viene a decir. Entre tanto, los que viven esperando las ayudas de la ley de dependencia que sigan esperando: los fondos públicos están al servicio de las urgencias electorales de Zapatero. Los ciudadanos que conserven algo de dignidad tienen una oportunidad única el 9 de marzo para decirle al presidente Zapatero que con su dinero no se juega, que la Hacienda Pública no es una casa de subastas ni un casino en que el gobernante pueda apostarlo todo al 9… de marzo.
Decididamente, España no se merece un gobierno sin principios. Más concretamente: no se merece cuatro años más de este gobierno sin principios. Démosle un final.
Germont
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