Que en España ha existido siempre un desequilibrio hidrológico entre sus diferentes regiones y cuencas hidrológicas es un hecho incontrovertible. Que como consecuencia del desarrollo de la infraestructura turística, primera fuente de riqueza nacional, y de la puesta en marcha de diferentes planes agrícolas y de regadío, que han contribuido al desarrollo económico de zonas tradicionalmente deprimidas como Almería y Murcia, han aumentado los requerimientos de agua en determinadas regiones también lo es.
En consecuencia y durante la segunda mitad del siglo XX se han llevado a cabo diferentes actuaciones con objeto de paliar este déficit tradicional, sin lograr una solución definitiva. Es por ello que se imponía buscar una solución definitiva al tema.
Un viejo proyecto, el trasvase del Ebro, que por su complejidad técnica y elevada financiación no había podido llevarse a cabo hasta entonces, empezó a ser desempolvado y tenido en consideración en los años 90 por el gobierno socialista de entonces, siendo José Borrell ministro de obras públicas, al contar con nuevas soluciones y tecnología que permitían desarrollar esta obra civil, el panorama de la financiación también se disipó al haber entrado España en la Unión Europea y disponer de fondos estructurales para la ejecución de la obra. Tomando como eje principal el trasvase y añadiendo otra serie de mejoras de apoyo al mismo nació el llamado Plan Hidrológico Nacional (PHN).
Con la llegada al poder del gobierno del Partido Popular en 1996, se retoma el proyecto, introduciendo mejoras de carácter complementario, dimensionando la cantidad de agua a trasvasar, y de manera especial tomando medidas que beneficiasen también a aquellas regiones que de alguna manera pudieran verse afectadas por el trasvase como Aragón y el Delta del Ebro. El proyecto fue aprobado en las Cortes, tras haber cumplido todos los trámites, especialmente en materia medioambiental, y se licitaron las obras. Cabe sin embargo resaltar que el gobierno del Partido Popular, realizó una campaña nefasta de cara a dar a conocer el proyecto a la sociedad y que no supo transmitir adecuadamente la necesidad del mismo.
Hasta aquí política del agua. Sin embargo hacía ya tiempo que la oposición socialista y grupos nacionalistas radicales habían comenzado a hacer política con el agua, con el único objetivo de echarle un pulso al gobierno popular y desgastar su acción de gobierno de cara a buscar réditos electorales, el hecho de ganar unas elecciones autonómicas en Aragón manipulando la realidad del PHN, una de cuyas regiones más protegidas era precisamente ésta, junto a la incapacidad del Partido Popular por hacer una buena campaña pedagógica sobre el tema, marcaron a los socialistas el camino a seguir. Daba la impresión que los campos de golf del levante español (cuando la mayoría se riegan mediante aprovechamiento y depuración de aguas residuales) eran la única motivación y marcaban las directrices de la política hidrológica del gobierno. Por otra parte la labor de ERC y grupos afines a la misma en el Delta del Ebro abrieron otro frente, que llevó a Convergencia i Unió a desmarcarse de sus posiciones inicialmente favorables al trasvase, habida cuenta de la contestación que cosechaban en el Delta, y a proponer alternativas tan peregrinas como el trasvase del Ródano.
Pero fue con motivo de la asunción del gobierno de la Generalitat catalana por parte del tripartito, donde comienza el capítulo mayor de despropósitos al respecto y donde se sientan las bases para cargarse definitivamente una política del agua. Así en el acuerdo arrancado a los socialistas catalanes por ERC, se fija en lugar destacado la derogación del PHN, algo que no es de extrañar en los objetivos de un partido independentista al que le importa bastante poco todo aquello que pueda ser beneficioso para el conjunto de España, lo que si es de extrañar es que un partido, en principio nacional, como el socialista con tal de llegar al poder pacte tal despropósito y luego por imposición de los socialistas catalanes lo incluya en su programa electoral y anuncie su retirada en el discurso de investidura del Sr. Rodríguez Zapatero para asegurarse el voto de investidura de sus socios en el tripartito: los independentistas catalanes, con quienes por cierto les unen más pactos, algunos de los cuales secretos por cierto, así que hasta donde nos puedan arrastrar nadie lo sabe, excepto ellos.
Lo ocurrido posteriormente, consecuencia lógica de haberse valido de hacer política de baja altura con un bien común de todos los españoles: el agua, ha sido la derogación mediante decreto ley del PHN, y ante la falta de una política consistente y seria del agua, la improvisación, disfrazada en forma de plantas desalinizadoras, es decir vamos a fabricar aquello que ya tenemos y se vierte inexorablemente al mar sin aprovechar: agua dulce.
Esta política tiene un primer impacto económico, del que no han hablado apenas y es el pago de las indemnizaciones a las constructoras que ya tenían adjudicadas las obras del trasvase.
Por otra parte debe saberse que las plantas desalinizadoras tienen un impacto medioambiental importante, sobre los fondos marinos, por el vertido de la salmuera que puede acabar con la posidonia, sus necesidades energéticas son enormes y en consecuencia la emisión de CO2 a la atmósfera, lo que debería ser tenido en cuenta por un gobierno que pretende dar a los acuerdos de Kyoto una dimensión casi religiosa y ello sin contar con el impacto paisajístico en una zona turística, ¿dónde está la Ley de Costas?.
Bien están las plantas desalinizadoras donde no hay otra solución, como las islas o como ayuda complementaria a un plan integral del agua, pero no como piedra angular del mismo, y máxime teniendo en cuenta que tienen fecha de caducidad y después? supongamos que para entonces tengamos un gobierno responsable que se dedique a hacer una política del agua y no a hacer política con el agua.
