ROSA DÍEZ, Eurodiputada socialista por el País Vasco. Ayer terminó una de las campañas municipales más broncas de 
nuestra democracia. Realmente, ha tenido muy poco de municipal o autonómica. No recuerdo ninguna en la que el debate haya estado más alejado de aquello que formalmente se sometía a votación. Se suele decir que el debate local mueve a los ciudadanos mucho más que el debate sobre política general; los ciudadanos se motivan más por las cosas concretas, por las más cercanas: el modelo de servicios sociales, las propuestas sobre proyectos sociales, culturales o educativos, la ordenación urbana o del medio rural, el modelo de ciudad, las alternativas de empleo, el alcantarillado, las aceras, las plazas de aparcamiento, el ruido... En fin, por las cosas cotidianas que nos incomodan en cuanto pones el pie en la calle a primera hora de la mañana.Nada de eso ha estado en la primera línea de la agenda política de esta larga campaña. Por eso, los partidos, fundamentalmente el PSOE, se muestran preocupados por la posible abstención y sus efectos electorales. Por supuesto, a ninguno de los dos grandes formaciones se le ha ocurrido pensar en las causas de esa abstención y se limitan a temer las consecuencias en términos de cuota de poder. El Partido Socialista ha sido el que con mayor énfasis ha alentado estos últimos días la participación; es consciente de que el electorado del Partido Popular está más motivado, y teme que una alta abstención merme las posibilidades de éxito de las candidaturas socialistas. Yo me arriesgo a predecir que el índice de participación va a situarse en parámetros similares a los de otros procesos electorales. Porque si bien es cierto que los asuntos considerados más cercanos para los ciudadanos han estado al margen de la campaña, no es menos cierto que el debate político centrado en la situación que se vive en el País Vasco -y por ende, en toda España-, como consecuencia de la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero, será capaz de movilizar a una parte importante de los ciudadanos. Al menos, en eso confío.
Es verdad que hay hartazgo; es verdad que mucha gente está cansada del mismo debate, de la eterna confrontación; es verdad que a mucha gente le desalienta que se desaproveche esta oportunidad electoral para saber de verdad lo que quiere hacer el candidato a alcalde que nos pide el voto. Pero también es verdad que ese debate municipal hace tiempo que ha perdido una parte de su interés, sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia mayoritaria del voto termina no teniendo nada que ver con el Gobierno que se constituye a partir del día siguiente de las votaciones. Los ciudadanos somos conscientes de que la incidencia del voto en la conformación de las mayorías de gobierno de un ayuntamiento o región es cada vez menor. Salvo que una formación consiga mayoría absoluta, los pactos entre los minoritarios sustituyen ya de una forma alarmantemente cotidiana el designio de la mayoría. Por supuesto que es democrático; pero no es lógico que ocurra así por norma. Carece de sentido democrático profundo que una candidata o candidato a alcalde llegue a obtener la mitad menos uno de los votos para regir los destinos del ayuntamiento y termine siendo alcalde o alcaldesa alguien que obtuvo menos de la mitad de esos apoyos. Esto tendría arreglo si los alcaldes fueran elegidos directamente. Ése es una cuestión sobre el que convendrá reflexionar en el futuro.
Por eso de que estamos en día de reflexión, quiero llamar la atención sobre la evolución del debate de esta campaña: dónde estamos y cómo y por qué hemos llegado hasta aquí. Porque no hemos llegado a esta situación de crispación y violencia por generación espontánea o sin poderlo evitar. El clima de violencia que hemos sufrido tiene culpables y también tiene responsables políticos.
Esta campaña empezó a tener este sesgo preocupante hace mucho tiempo, justo cuando empezamos a temer que el Gobierno iba a permitir que ETA se colara en las instituciones. Pero el terreno estaba preparado desde antes, justo desde que todos comprendimos que el gran pacto de Estado sobre política antiterrorista para derrotar a ETA había sido sustituido por un acuerdo entre el PSOE y los nacionalistas e IU para favorecer un final dialogado con ETA. A partir de ese momento, todas las piezas del puzle del proceso de paz empezaron a encajar aunque hiciera falta cambiar sobre la marcha el dibujo final. Lo importante era «salvar el proceso». Por eso, el zulo era un «proyecto de zulo»; el robo de armas en Francia, «una acción puntual»; los tiros en Aritxulegui, «una mascarada para su gente»; las cartas de extorsión a empresarios «no se podían verificar»; el atentado contra la ferretería de un concejal de UPN, «un asunto personal», y el atentado de la T-4, «un accidente».
En ese ambiente de constatable permisividad hacia ETA -no hace falta que recuerde los episodios de Otegi o De Juana Chaos-, se empezó a extender el temor de que el Gobierno iba a permitir que, de alguna manera, ETA volviera a las instituciones democráticas.
Si repasáramos todo lo que ha ocurrido desde las primeras declaraciones del Ejecutivo asegurando que eso no ocurriría hasta el día de hoy, concluiríamos en que se ha producido un enorme fraude a la verdad y a la ley, que ha tenido como protagonistas principales a la Fiscalía General del Estado, al Gobierno y a la dirección del PSOE.
Sería imposible en este espacio repasar todas las declaraciones de los miembros del Gobierno y de la dirección del PSOE -desde el presidente hacia abajo- afirmando cada vez con mayor contundencia que, si Batasuna quería presentarse a las elecciones, tendría que cumplir la ley. Al principio decían «y condenar la violencia». Después, retiraron ese apartado para quedarse sólo con el cumplimiento de la ley porque, como luego se ha demostrado, la Fiscalía utiliza la ley como un chicle y ahí cabe lo que el Gobierno quiere que quepa. Cuando más contundente era la declaración, más se relajaba la exigencia de cumplimiento de la norma. Cada declaración del Ejecutivo o del PSOE provocaba un nuevo gesto de chulería de Batasuna; cada nuevo órdago de Batasuna era respondido por el Ejecutivo y el PSOE con una rebaja en las exigencias. Y así llegamos a la esperpéntica situación en que Fiscalía y Abogacía del Estado impugnaron sólo una parte de las listas de ANV, permitiendo que se presenten en sus feudos tradicionales, declinando iniciar la ilegalización de ANV e impidiendo al Supremo y al Constitucional pronunciarse sobre el conjunto de las listas etarras y del nuevo partido que lo sustenta.
Pero las cesiones no acabaron ahí. A partir de que los etarras se garantizaron esa presencia, la escalada de presiones ha ido en aumento. No me refiero en este momento a las presiones ejercidas sobre los candidatos constitucionalistas; me refiero a los chantajes a que han seguido sometiendo al Ejecutivo. ¿Que dice el fiscal en El País que si piden el voto para ANV desde Batasuna habrá motivos para actuar contra el conjunto del partido? Pues al día siguiente Barrena pide el voto, el fiscal se la traga, y los portavoces del PSOE y del PSE dicen que lo que diga un dirigente de Batasuna es una opinión particular. ¿Que el ministro de Justicia va de mitin al País Vasco? Pues los proetarras intentan boicotearlo, y el ministro arremete contra el PP y dice que los batasunos de ANV hacen campaña como el resto de las fuerzas políticas democráticas. ¿Conoce el señor Bermejo a algún militante del PSOE que salga por las noches por el País Vasco, Alcalá de Henares o Granollers a pegar a los candidatos del PP o a quemar sus sedes? ¿Que le ponen un artefacto explosivo al coche del candidato socialista Josean Elola? Pues el secretario de Organización del PSOE dice que aún no sabe si es un atentado terrorista o un acto de kale borroka, que es, según él, «matizadamente diferente». ¿Que no hay respuesta ni del Gobierno ni del PSOE hacia lo que publican todos los diarios respecto de los contactos entre los socialistas y ETA en los últimos meses, a los pactos sobre Navarra, sobre la mesa de partidos, a los ruegos de que no hubiera atentados durante la campaña...? Pues la mesa de Batasuna al completo pide el voto para ANV. Y la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el ministro de Justicia y todo el equipo, mutis por el foro.
Y así hemos llegado hasta hoy, el día de reflexión. Soportando una de las campañas más duras que yo recuerde. Y no es que no hayamos vivido otras en que no hayamos tenido que soportar una presión de los terroristas similar o mayor que en ésta; la diferencia es que ahora los demócratas estamos radicalmente divididos y por eso el daño que nos hacen es mucho mayor. Lo dramático es que ellos están crecidos por los errores que ha cometido quien tiene la obligación de defender el Estado de Derecho y no por sus propios méritos; lo más desolador es que ellos perciben que es la primera vez en nuestra Historia democrática que los responsables de proteger los derechos de los ciudadanos, los que tienen la obligación y los instrumentos para hacerlo, responden a sus chantajes con esa especie de comprensión cobarde que lo único que hace es alimentar a la bestia.
No es que no hayamos soportado en el pasado tanta presión, tanto chantaje y tanta persecución como ahora. Es la respuesta la que es diferente. Antes todos nos sentíamos escudados por la Constitución y por la ley. Antes sabíamos que el Estado respondería protegiéndonos. Ahora son los más altos representantes del Estado quienes descalifican las leyes que nos protegen, estirándolas para permitir que ETA se beneficie de ellas o calificándolas de «guantánamo electoral», que es tanto como darles la razón a los terroristas. Por eso hoy, día de reflexión, la recapitulación de la situación en que nos encontramos no puede ser más amarga ni más desconsolada. Pero también es más necesaria que nunca. Porque sabemos que esto no ha acabado; todo lo contrario: si a partir de mañana mismo no hay un giro en la política antiterrorista, lo peor está por llegar. Los terroristas le han tomado la medida al Gobierno y al PSOE. Y a partir del lunes, estarán en las instituciones. ¿Quién va a frenar entonces esto? ¿Quién va a sostener los escudos para defendernos a todos y para defender el Estado de Derecho en Euskadi y en toda España?
Rosa Díez González es eurodiputada socialista.
vía Hemiplejía moral
Un amigo me comentó que "en otros países" un político cumple su mandato, está un tiempo en el candelero y se va... y no pasa nada. En España, desde el 78 son "siempre los mismos"... o mejor "se van sustituyendo los caídos". 
