sábado, diciembre 02, 2006

Hay que decirlo

El catalán vive la época más esplendorosa de su historia. Dos televisiones públicas de ámbito autonómico e infinidad de emisoras locales, tanto de radio como de televisión, emiten única y exclusivamente en catalán. La enseñanza pública se desarrolla casi totalmente en catalán. La administración autonómica tiene transferidas todas las competencias en materia lingüística, cultural y educativa. Toda la documentación de la Generalitat y de buena parte de los ayuntamientos está únicamente en catalán, mientras que las administraciones estatales (Hacienda, Seguridad Social, Justicia,…) elaboran por el contrario sus formularios en ambos idiomas, y admiten que el ciudadano se dirija a ellas en catalán, si lo desea. Se pueden celebrar juicios en catalán, se presentan declaraciones de renta en catalán, existen D.N.I. bilingües… pero ningún documento oficial de las administraciones catalanas puede obtenerse en castellano. El Boletín Oficial del Estado edita una versión en catalán. Todo eso son hechos constatables, no opiniones

Y sin embargo, en la capital de Cataluña, en el siglo XXI, hay ciudadanos que son agredidos en plena calle por pedir que pueda escogerse el castellano como lengua de enseñanza. En la segunda ciudad de España hay comerciantes que con sancionados por no rotular sus establecimientos en catalán. En la cosmopolita y progresista Barcelona hay oficinas públicas en la que puede denunciarse anónimamente a quienes no utilicen el catalán en sus comunicaciones comerciales. En la dinámica capital catalana, quien quiera acceder a una ayuda pública ha de hacer declaración jurada de que en su empresa se utiliza adecuadamente el catalán. En la televisión pública de Cataluña, comunidad en la que al menos el 50 % de la población tiene el castellano como lengua materna, se invita a un tertuliano a explicar porqué está utilizando el castellano. En la Barcelona que reivindica un aeropuerto plenamente internacional, varias compañías han sido expedientadas por no disponer de tarjetas de embarque, billetes y adhesivos para las maletas en catalán. Todo eso también son hechos, no opiniones.

Conviene recordarlo, pese al silencio de la inmensa mayoría de los medios catalanes, porque esta misma semana un profesor ha sido agredido en plena calle por recoger firmas a favor de una educación no ya en español, sino bilingüe. Hará tres semanas un universitario recibió una paliza por lucir una camiseta con el emblema de un partido no nacionalista. Otro estudiante, éste más joven, halló su vehículo seriamente dañado justo después de manifestar públicamente en su clase que votaría a ese mismo partido. Las formaciones políticas no nacionalistas ven con frecuencia cómo sus mítines son reventados por sus adversarios.

Cataluña no vive en un estado de violencia manifiesta. Pero sí existe un clima de presión y de tensión que tan solo se desarrolla en un sentido, y nunca en el otro. Solo unos sancionan, amenazan, agreden, coaccionan. Solo unos son intolerantes con las actuaciones privadas de los otros, y nunca a la inversa. Y para mayor ironía los que así actúan son los que afirman estar oprimidos. No es cierto: el catalán no es una lengua oprimida ni en peligro de desaparición desde el momento en que ya casi dos generaciones han sido educadas exclusivamente en esta lengua. El tema no es por lo tanto la defensa de un idioma, sino la voluntad más o menos encubierta de arrinconar al otro bajo el pretexto de la protección del catalán. Conviene decirlo. Porque aunque leyendo los medios catalanes parezca que no, todo esto está sucediendo en la Cataluña del siglo XXI.


Germont

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